La tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela ha puesto de manifiesto bastantes cosas (alguna más desvelará el tiempo) pero, sobre todo, una: este pueblo no se merece lo que están haciendo con él.
Este pueblo, estas gentes, estos ciudadanos, estos servidores públicos, no merecen el desprecio, las mentiras, el expolio y la miseria a que se le está condenando por parte de unos dirigentes que utilizan el poder en beneficio propio o de quien les mueve los hilos.
Este pueblo que sale en tromba a socorrer, con sus manos y con lo poco que le están dejando, a los afectados por semejante tragedia, no merece ser gobernado desde el engaño y la explotación como lo está siendo.
No merece soportar auténticas estrategias de saqueo a cargo de bandas organizadas y estructuradas para ello.
No merece ser robado, una y otra vez, por vampiros dispuestos a chupar toda la sangre que le pueda quedar a ese pueblo con la connivencia y el halago de dirigentes agradecidos.
No merece que gente sin alma que habita en tierras extrañas le marque cuál ha de ser su margen de miseria y dignidad.
No merece a personajillos o personajillas que buscan más medrar al amparo de fotografías en las que se usa el dolor ajeno como arma política que al amparo del buen servicio a los ciudadanos.
Este pueblo ha demostrado ser mejor y más humano que todos ellos y tiene derecho a ser gobernado desde el respeto, la verdad, la dignidad y la auténtica solidaridad.
Y una cosa más:
Resulta patético e insultante oír al Presidente del Gobierno alabando a los funcionarios que han actuado en todo este drama desde la seriedad, la eficacia y la dedicación, después de haberlos menospreciado, ridiculizado, vejado y haber perpetrado contra ellos una auténtica estrategia de expolio y exterminio.
No son palabras gruesas y demagógicas, examínense las cifras de destrucción de empleo público y de pérdida de poder adquisitivo y se tendrá la fotografía real del estado actual del servicio público.
Esos trabajadores que han sido insultados cuando salen a las calles a reivindicar lo que son estrictamente derechos ciudadanos y a los que se les está impidiendo diariamente llevar a cabo sus tareas de servicio público, para crear así espacios de aprovechamiento económico a favor de intereses privados, han demostrado, una vez más, que son el soporte real y auténtico de la seguridad, la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Y no basta con poner caritas o entonar tiernos gorjeos laudatorios. Es necesario reconocer públicamente que no existen derechos de ciudadanía sin servidores públicos dignos, respetados, reconocidos y pagados (sin necesidad, por cierto, de sobres marrones).
Es necesario que los desvergonzados y desvergonzadas que han proferido todas esas descalificaciones y que han practicado el acoso y derribo, primero pidan perdón y luego abandonen el campo dejando que este pueblo ejemplar decida cuál ha de ser el camino.
Es necesario que se permita a este pueblo ejemplar recuperar una dignidad más que demostrada, a pesar de todos estos “mamandurrios”.
