El último auto del juez Ruz (último de varios) es de una gravedad manifiesta y debería merecer algo más que ver a un tipo de Pontevedra mirando al cielo y silbando “El sitio de Zaragoza”.
Vaya por delante que cuando aquí hablamos de legitimidad lo hacemos de la legitimidad democrática, es decir de aquella que justifica el ejercicio del poder (la dominación) de acuerdo con las leyes y procedimientos del estado democrático (legitimidad legal-racional). No trataremos de encuadrar al actual gobierno de España en uno u otro lado del eje ética de la convicción/ ética de la responsabilidad sino de poner de manifiesto que, a mi juicio, ese gobierno no sólo carece de la legitimidad de ejercicio, como ha acreditado con su forma de ejercer el poder ejecutivo, sino que tampoco tiene la legitimidad de origen que él y otras fuerzas políticas le atribuyen.
Hace algo más de dos años, cuando tras poco más de siete meses de gobierno, el señor Rajoy ya había enseñado sobradamente la patita, el ex diputado del Partido Popular por Cantabria y Madrid, Jesús López-Medel, publicó en El País una tribuna titulada “Ética y legitimidad política” en la que cuestionaba —a mi juicio con gran acierto— la legitimidad de ejercicio del gobierno del PP en base al absoluto incumplimiento de promesas y programa.
Sin embargo, seguía otorgándole de manera indubitada una legitimidad de origen basada en el resultado electoral obtenido en las últimas elecciones generales.
Hace ya algún tiempo venimos hablando en estas páginas («Integración en organización criminal» o «Asociación de malhechores») del entramado existente en el partido que soporta al Gobierno que parece estar dedicado, según se acredita ahora de manera indiciaria, a obtener dinero “opaco” que sirva, por un lado, para llenar algunos bolsillos y algunas cuentas en paraísos fiscales y, por otro, para financiar gastos electorales por encima de las limitaciones legales y en clara contravención de las leyes que regulan la materia. Es decir, un entramado dedicado, de manera perfectamente estructurada y continuada en el tiempo, a proveer al partido de una financiación ilegal que se emplea, en buena medida, en obtener ventaja en los procesos electorales con respecto a otras fuerzas políticas (todas o algunas).
Es el juez de la Audiencia Nacional quien afirma en su auto que
“el Partido Popular se habría beneficiado a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícito por los imputados Jesús Sepúlveda Recio y Guillermo Ortega Alonso”
y que
“de acuerdo con los indicios obrantes en la causa, el Partido Popular se habría lucrado con la organización de eventos a su favor y con el mantenimiento y gestión de su oficina electoral en Pozuelo de Alarcón para las elecciones municipales de 2003 sin coste alguno para la formación política, toda vez que dichos servicios se habrían sufragado con los fondos obtenidos en la forma anteriormente señalada [presuntamente ilícita]”
Y es también ese juez quien desbarata la típica apelación a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas al sostener que
“la formal regularidad de las cuentas” no excluye “la posibilidad de que se hayan utilizado por el partido recursos económicos respecto de los que el órgano fiscalizador no pudiera haberse pronunciado debido, precisamente, a su ocultación y falta de consignación en los estados contables correspondientes, de lo que obran indicios en el supuesto que nos ocupar y asimismo en otras Piezas separadas de la causa”
Hoy sabemos también que, según un informe de la UDEF, además del maldito tesorero Bárcenas, otro de los multimillonarios tesoreros del PP, Álvaro Lapuerta, metió la mano en la ya evidente Caja B para nada menos que apoyar (es decir, comprar) a un medio de comunicación, entonces afín, para reforzar, sin duda, la posición e imagen del partido y, según el propio Bárcenas, cumpliendo órdenes de la dirección.
La concatenación de todos estos hechos más los que han de ir saliendo a la luz y lo que subyace en ellos es que, de una forma repetida y organizada, las distintas cúpulas del Partido Popular (no sería justo involucrar a toda la organización y a todos los militantes) han ido creando y engrasando una maquinaria al servicio de la consecución del poder que no ha dudado ni en crear “derecho” que lo favoreciera ni en conculcar ese derecho para obtenerlo.
Escribía Habermas en 1988 que un derecho que queda totalmente al servicio del sistema político pierde su fuerza legitimante, pero es que la situación en la que nos encontramos es un paso más que implica la perversión de una parte del sistema político dirigida, exclusivamente, a obtener el predominio sobre ese mismo sistema, es decir, a mantener el poder, a ser el sujeto de la dominación, fuera ya de la propia legitimidad democrática que da el respeto a las normas y a los procedimientos.
Es curioso que en una sociedad que se rasga las vestiduras ante un ciclista que se dopa y de paso le arrebata todos los títulos que puede haber obtenido por “haber hecho trampas”, los mismos escandalizados permanezcan insensibles ante otras “trampas” que requieren menores contraanálisis. Claro, que en ello tiene mucho que ver la concentración de medios de creación de opinión que han conseguido estructurar los grupos financieros que sostienen al Gobierno y que son, a su vez, los camellos que les suministran los “fondos dopantes”.
Hoy parece evidente que el Partido Popular acudió a las elecciones con varias sobredosis de “estimulantes electorales” que le harían merecedor de ser desposeído de todos los resultados obtenidos gracias a ese ilícito dopaje.
Pero, ante ello, la política actual, sobre todo entre los partidos sistémicos, se centra exclusivamente en discusiones, muchas veces banales, sobre determinados aspectos del ejercicio del poder ejecutivo mientras, con la otra mano, se otorgan al adversario patentes de legitimidad de origen, poniéndose anteojeras para no ver la viga en el ojo ajeno, no vaya a ser que algún día me la vayan a ver a mí.
Aun recuerdo a este respecto cómo en documentos oficiales socialistas se atribuía de manera expresa esa legitimidad de origen al Partido Popular ante la extrañeza de algunos militantes que se preguntaban por la necesidad de hacer esa atribución explícita.
Por otro lado, tiene gracia, en estos tiempos de tribulación soberanista, escuchar a quienes han despreciado, sin despeinarse, los procedimientos y requerimientos democráticos para el acceso al poder, acusando al enemigo de crear derecho ilegítimo y de no respetar los cauces legales para preguntar a los ciudadanos.
Es un auténtico sarcasmo. Pero es lo que hay. De gobernantes ilegítimos, capaces de perpetrar lo perpetrado, se puede esperar todo en la carrera por mantenerse a toda costa en el poder y por servir al señorito.
Tendrá que ser la sociedad, la ciudadanía, el pueblo soberano quien coloque a cada uno, si le dejan, en el círculo del infierno que le corresponde. Algunos, desde luego, deberían transitar por la laguna de hielo reservada en el círculo nueve a los traidores.
