juezcastroSi los defensores de la institución monárquica se felicitan por el hecho de que la Audiencia de Palma de Mallorca haya dejado sin efecto la citación de Cristina de Borbón para que prestara declaración en calidad de imputada y haya suspendido su imputación por delito fiscal, creo que deberían repensar el motivo de su alegría y convenir conmigo en que, en la práctica, este auto de la Audiencia le presta un flaco favor, tanto a la propia institución, como a quienes en este momento la representan en España.

En cuanto a las razones institucionales o políticas, el hecho de que, por el momento, se haya evitado que la hija del Rey compareciera ante el juez Castro como imputada, lo único que consigue es, además de prolongar una agonía procesal que no se sabe bien cuándo va a terminar, que se ahonde aún más en la sensación que tiene la ciudadanía de que la ley y su aplicación no son iguales para todos.

Ya nos referíamos a esta cuestión en “La infanta y la práctica cotidiana de los juzgados” y, desde luego, no me resisto a reproducir lo que, en relación con el Ministerio Fiscal y el principio de igualdad, dice el magistrado Juan Jiménez Vidal en el voto particular que emite en el propio auto:

“Dado que el recurso comienza invocando el principio de igualdad parecería lógico conocer el número de recursos contra citaciones para prestar declaración en calidad de imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio Público. Ello contribuiría a descartar que un recurso como el presente es insólito y facilitaría la comprensión de la referencia al principio de igualdad que se realiza.

Y es que los ciudadanos tienen que conocer que es absolutamente excepcional e insólito lo que está sucediendo en este procedimiento y que, desde luego, no pueden esperar que, en el hipotético caso de que alguna vez les suceda, el Fiscal se vaya a oponer a que se les cite como imputados. Salvo, claro está, que pertenezcan a un cierto círculo de “personalidades” como las que aquí se dan cita o que sus apellidos coincidan con los de algún notorio preboste.

Con esos mimbres, quienes festejan la noticia han de tener presente que lo peor que le puede pasar a la monarquía, en los tiempos que corren, no es que se impute a un miembro de la familia real. Lo peor que le puede pasar es que la población vea en sus representantes a unos seres que sólo ostentan privilegios y que pueden cometer, con total impunidad, cualquier tipo de fechoría.

Y con respecto a esto último, el auto es aún más demoledor porque, forzándose los magistrados a buscar el modo de parar la imputación, se han metido prácticamente a enjuiciar los indicios aportados por el juez instructor y de ese cuasi juicio resulta un retrato absolutamente esclarecedor de las presuntas prácticas delictivas de Urdangarín y se desprende una sensación de que la infanta estaba al tanto de todo, se aprovechaba económicamente de ello, pero, dado que no intervenía directamente, su conducta no puede considerarse delictiva.

Eso, en lo relativo a las actividades del Instituto Nóos, porque en cuanto a la relación de la infanta con posibles delitos fiscales o, incluso, de blanqueo de capitales, los magistrados van más allá, sólo suspenden la imputación, le echan la bronca a la Agencia Tributaria y vienen a corroborar aquello que se solía decir con respecto a la leche de “blanco y en botella”.

Por lo tanto, será mejor que los palmeros sean prudentes y que quienes vean este auto como una buena noticia para la institución monárquica, se lo piensen antes de mostrar una alegría que, como se sabe, va por barrios.

Juan Santiago