El principal problema que tiene planteado el Partido Socialista hasta mediados del mes de julio, no es sólo tener la capacidad de elegir una nueva dirección que pueda conducir la reconstrucción del partido, sino, sobre todo, ser capaz de demostrar, a la sociedad civil en general y a sus propios militantes en particular, que su adaptación a las exigencias actuales de la ciudadanía no es un simple postureo sino que se corresponde con una auténtica convicción colectiva de toda una organización que está dispuesta a transitar nuevos caminos, distintos a los que la han llevado a un estado de auténtica descomposición.
Y, para ello, los procedimientos se revelan como la piedra angular sobre la que ha de descansar todo ese proyecto de transformación. Es curioso que, en este momento, los procedimientos se perciban como lo sustantivo. Pero es así porque el Congreso Extraordinario de julio no es, en realidad más que un congreso de nombres y de correlaciones de fuerza, como sin duda se ha de ver en poco tiempo.
Basta observar el orden del día de dicho congreso para darse cuenta de que nada más que esas materias van a ser realmente objeto de debate, una vez que, supuestamente, se ha reafirmado el componente ideológico en una Conferencia Política que, en realidad, prácticamente nadie ha entendido ni fuera ni dentro del propio partido.
Sin embargo, incluso desde el único punto de vista de los procedimientos, se podría esperar un mayor compromiso con aquello que la gran mayoría de los ciudadanos progresistas está hoy día demandando a las fuerzas políticas que la han de representar. Un mayor compromiso que se debe exteriorizar básicamente en mecanismos democráticos y, más concretamente, en mecanismos de democracia real y directa.
Para ello, además de la simple modificación del artículo 5 1 b) de los estatutos, relativa a la forma de elección de la secretaría general que, en la práctica, ha sido impuesta por la propia militancia, se echa claramente en falta la posibilidad de que en el congreso se pudiera producir un amplio debate sobre la arquitectura global del partido, del tal forma que se pueda pasar de una organización estructurada de arriba a abajo de cara a la toma de decisiones, a otra que analice y decida de abajo a arriba, como demandan los tiempos. Es decir, que le reconozca a las bases el poder que deben tener y articule los procedimientos y calendarios para que eso sea así.
Es verdad, y ha de reconocerse que, quienes hace pocos meses eran absolutamente renuentes, han asumido y puesto en marcha un proceso que, en su fuero interno, detestaban y ha de reconocerse también que, finalmente, el proceso ha conseguido acercarse a una buena parte de la militancia para que ésta pueda de hecho participar.
Aún así y hechos estos reconocimientos, se aprecian tics demasiado propios de un sistema de baronías como las presiones (que las hay) a cuadros institucionales para que apoyen y avalen a un determinado candidato o la imposición de trabas a la participación tan estúpidas en sí mismas como, en el caso del envío postal, obligar a la remisión por correo certificado de los avales, forzando así a los militantes a gestiones y gastos innecesarios para la acreditación de la realidad de su pronunciamiento.
A este respecto, hay un caso concreto que me ha chocado especialmente y que me pone en la pista de una cierta falta de convicción a la hora de abrir de verdad los procedimientos.
Se trata de la imposibilidad de que un mismo militante pueda avalar a más de un aspirante a candidato.
Nadie piensa, desde luego en que se pueda votar a más de un candidato, pero ello nada tiene que ver con la cuestión de los avales. Hay que tener en cuenta que un aval es simplemente el reconocimiento que un militante, mediante su firma, hace de que un determinado aspirante esta cualificado, desde su punto de vista, para poder acceder a la condición de candidato, cosa que, desde luego, se puede predicar perfectamente de más de uno, facilitando además así una mayor participación que es, precisamente, lo que se debería pretender.
Si lo que se busca es evitar una especial fragmentación del voto final, la solución no está en poner trabas al acceso a la condición de candidato, sino que se puede arbitrar un sistema de elección a doble vuelta que, por otro lado, además de propiciar acuerdos y concentración, prolonga y profundiza el debate entre distintas alternativas.
Aparentemente, se trata de un problema menor que no debería suponer un condicionamiento fundamental de cara al proceso de renovación o refundación que se pretende, pero si a estos detalles de falta de convicción le añadimos los procesos de designación de delegados en los congresos provinciales, que quedan en la práctica en manos de los aparatos y barones y que van a tener una importancia radical, no tanto en la designación del próximo secretario general (sólo en masculino porque no hay mujeres aspirantes) sino en la conformación de la Comisión Ejecutiva y del Comité Federal, nos podemos encontrar con una renovación capada y lastrada, en un congreso sin discusión ideológica o estatutaria en el que cada gerifalte solamente acuda para ponerse frente al elegido con una bolsa de indios en una mano y una calculadora en la otra.
Si eso al final es así y mucho me temo que lo va a ser, téngase un cuidado especial porque el enfermo, en las condiciones actuales, está para que lo acaricien, no para que le toquen… las narices.
