Ecos del Occidente ~ Opinión y análisis sobre sociedad y política

El título no propone una identificación del problema suscitado por la regularización fiscal llevada a cabo por Juan Carlos Monedero con un supuesto de financiación ilegal del partido de cuya dirección forma parte.

Resulta difícil imaginar que a un partido político, con un año de vida y que sólo ha concurrido a un proceso electoral, de cuyo coste ha dado cumplida cuenta, se le pueda achacar un supuesto de financiación ilegal.

En eso de la financiación ilegal hay auténticos expertos y de eso se quiere hablar aquí.

Partamos del hecho de que, a mi juicio, Juan Carlos Monedero ha cometido más de un error en el desarrollo y la administración del asunto de su «armonización» fiscal y a ello me referiré más adelante, pero lo que con este presunto escándalo se ha puesto de manifiesto es, sobre todo, la adicción que los dirigentes del Partido Popular tienen a ese dopaje de la financiación ilegal que usan en todas sus variantes. Desde las transfusiones directas que suponen los pagos de campaña que son efectuados por amigos “beneficiarios”, hasta esta más sofisticada ingeniería dopante que consiste en la utilización de los medios públicos como arma electoral. Una ingeniería que resulta gratuita para ellos y que todos mantenemos, incluido el profesor Monedero.

Cuando la Vicepresidenta del Gobierno utiliza la portavocía del ejecutivo para achacar a Monedero, además de otras plagas bíblicas, los recortes en educación y sanidad, quitándose esa pomposa careta institucional que se pone cuando se refiere a los desmanes de los suyos, es evidente que está haciendo campaña electoral y tratando de mejorar su posición en relación con Podemos, sin que el gasto pase por el Tribunal de Cuentas.

Cuando el ínclito y graciosísimo Montoro filtra los datos fiscales y las actuaciones de la Agencia Tributaria para poner a los medios afines tras la pista del perverso profesor, no hace más que echar otra paladita de dinero público al cesto de la promoción electoral de un partido que no puede vivir sin ella y que se ha convertido, así, en un auténtico yonqui de las «ayudas externas».

Y, por supuesto, cuando desde los distintos Gabinetes de las distintas Presidencias se dan instrucciones para «redistribuir» los beneficios publicitarios entre los medios bien mandados, lo que se está haciendo es inyectar una nueva dosis en las entrañas de un partido que lleva cuarenta años metiendo en sus venas políticas todo tipo de «prebendas» dopantes, eso sí, todo en B y, a ser posible, en diferido.

Un partido, en definitiva, que lleva cuarenta años haciéndose un Armstrong, pero sin ponerse colorado y sin que nadie le quite los maillots amarillos electorales.

Pero que nadie se llame a engaño, porque el hecho de que Juan Carlos Monedero se haya podido equivocar, no quiere decir que la gente sea idiota y no se de cuenta de los manejos de esta casta toxicómana.

Fijémonos en el procedimiento. Se crea un sistema fiscal que prima la creación de empresas mediante la inyección de beneficios fiscales y la permisividad ante artificios contables. Se promueve así, a bombo y platillo, la aparición de falsas empresas individuales (algún día habrá que hablar de la ficción de las sociedades unipersonales) que son, en la realidad, meros profesionales vestidos de sociedad sin aparato empresarial alguno. Un sistema por supuesto injusto que reduce la carga impositiva de quienes pueden poderse bajo ese paraguas y que mantiene sin beneficio a quienes no tienen más que la escasa nómina que les paga el avispado empresario.

Y ¿qué ocurre? que, para Montoro y sus secuaces, si el que se aprovecha del perverso mecanismo es de los suyos, es decir, persona de orden, estamos simplemente ante un emprendedor que crea riqueza (fundamentalmente para sí mismo). Por el contrario, si el que utiliza el mecanismo es de los otros, es decir, un desarrapado, un perroflauta o, lo que es lo mismo, un radical, ante lo que estamos es ante un defraudador y un auténtico inmoral.

Y así llegamos al asunto Monedero. En primer lugar, habrá que convenir en que no se puede otorgar el mismo nivel de reproche a aquel que lleva decenas de años manejándose de manera “peculiar” en la actividad política, que a quien, cuando se produjeron los hechos que hoy son la causa de la polémica, era un simple ciudadano ajeno a las condiciones y cautelas propias de los partidos políticos.

Y habrá que convenir también en que, así como hay juzgados y tribunales que imputan actividades ilegales a miembros relevantes del Partido Popular y a la propia organización por aprovechamiento ilícito (cuasi receptación), nadie ha acreditado, ni siquiera por vía indiciaria, que el profesor Monedero haya cometido alguna ilegalidad o haya defraudado nada al fisco. Antes bien, parece claro que se han ingresado todas las cuotas tributarias que podrían estar en cuestión.

Habrá que hacer, además, una acotación relativa a aquéllos que, rasgándose la vestiduras, cuestionan cobros por labores de asesoramiento a determinados gobiernos, mientras introducen decenas de millones de euros públicos en fundaciones tipo FAES, dedicadas a llevar a cabo supuestos estudios y asesoramientos que redundan en beneficio de otras entidades menos santas, a la vez que sirven de pantalla de financiación.

Dicho esto, yo creo que Juan Carlos Monedero ha cometido dos errores en la gestión de este asunto. Uno, la utilización, seguramente por asesoramiento externo, de un mecanismo que es legal pero que implica una ficción de la que obtiene una ventaja personal y un perjuicio inicial para las arcas públicas.

Es verdad que se trata de un error subsanado por la presentación de la declaración complementaria y es verdad también que se trata de un error del pasado que, en ningún caso, puede ser comparable con las fechorías cometidas al amparo del partido del Gobierno.

El problema es que se trata de un error que debe suponer, en el estado actual de la cuestión, la necesidad de admitir algún tipo de responsabilidad de cara a quienes soportan la estructura y el discurso de Podemos con sus votos.

El otro error se expresa, a mi juicio, en la sobreactuación de un discurso victimista que, tal vez no le correspondía y que reproduce esquemas que se deberían tener por superados en una formación política con el ideario de Podemos.

Es aquí donde reside el problema y es aquí donde Juan Carlos Monedero debería situar la cuestión. Él es miembro electo de un órgano de dirección de un partido político y se debe al colectivo que le otorgó un tipo de mandato que tiene características distintas a las del resto de los partidos.

Por eso, no debería caer en lugares comunes y admitir que es un buen momento para someterse a una votación revocatoria que pusiera ante los ojos de los ciudadanos que otra política y otros políticos, no adictos a la inmoralidad y al sobre-esfuerzo, son posibles.

Juan Santiago