La España abandonada y el imperio de la Ley
04 jueves Abr 2019
Escrito por Juan Santiago * Opinión, Ecos radio
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Elena Espinosa, Isabel García Tejerina, Jesús Casas, Miguel Arias Cañete, Santiago Menéndez de Luarca, despoblamiento
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La España abandonada no está para gorgoritos ni para que quienes nunca creyeron en el desarrollo sostenible del mundo rural vengan ahora a ponerse estupendos.
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Desde que el pasado domingo tuvo lugar en Madrid la manifestación que recordaba la existencia de una España vacía o vaciada – a mí me gusta más hablar de una España abandonada – venimos asistiendo a toda una catarata de opiniones, promesas, ocurrencias y florilegios varios, emitidos, generalmente, por todo un ejército de pisaverdes y petimetres de salón que limitan su contacto con el campo al campo de fútbol que ven en televisión y su relación con la ganadería a ordeñar por las mañanas un brick de leche desnatada.
Pues bien, a propósito de todo esto y para evitar contaminaciones varias, yo aconsejaría a los realmente interesados en la cuestión la lectura de un artículo que, con el título de España rural: ¿despoblación o desatención?, publicó el otro día en El País el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Don Jesús González Regidor y que me puso en suerte otro buen conocedor de la realidad rural y sus problemas como es Eduardo Lastra.
Atraso vs. cumplimiento de la Ley
La tesis del Doctor González Regidor parte de dos supuestos:
Por un lado, el hecho de que el despoblamiento del mundo rural no es, como se pretende, la causa de su mal estado de salud sino que, por el contrario, el despoblamiento es el efecto producido por un enorme atraso que tiene su origen en “una desatención pública manifiesta y continuada” que se arrastra, sobre todo, desde la década de los sesenta del siglo pasado.
Y, por otro lado, que buena parte de los problemas actuales nacen como consecuencia del absoluto incumplimiento y falta de aplicación de una Ley vigente, como es la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, publicada en 2007 y que nació precisamente como un instrumento imprescindible para tratar de atajar los graves problemas que ya se conocían.
No todos son iguales
A este respecto, y cuando tanto se critica la acción de los políticos en esta y en otras cuestiones, a mi me gustaría poner de manifiesto que no se pueden repartir culpas por igual y que ha habido y hay políticos en España que han tenido claro, desde hace muchos años, que la igualdad y la justicia pasan en este país, necesariamente, por un desarrollo sostenible y respetuoso de un mundo rural habitado por ciudadanos tan de primera como los del medio urbano.
Que ha habido políticos que desde hace quince años han tenido claro que, como hicieron constar en el preámbulo de la Ley, todo pasa por “llevar a cabo un impulso de desarrollo en las zonas rurales y, prioritariamente, en las que padecen un grado mayor de atraso relativo, cualquiera que sea su localización dentro del Estado”.
Que esos políticos tienen nombre como Elena Espinosa, Santiago Menéndez de Luarca o Jesús Casas.
Gente que, además, dio pasos decididos en la puesta en marcha de la Ley, inició acciones concretas y puso recursos a disposición de esas políticas. Y lo sé bien porque entidades como interEo nacieron al calor de esos impulsos, de esos recursos y de esas voluntades políticas.
De sopranos y tenores
Por eso molesta un poco más escuchar a personas como Isabel García Tejerina, ex ministra de Agricultura con Rajoy, ponerse estupenda el domingo después de ser la responsable, junto con el ínclito Arias Cañete, de haber cercenado de raíz aquéllas iniciativas, de incumplir los acuerdos firmados y de encerrar en un cajón bajo siete llaves una ley que podría haber sido un instrumento para paliar, cuando menos, el atraso y la desigualdad que asolan al medio rural de España.
Porque, no lo olvidemos, la solución pasa por la creación de actividad económica en la zona rural y, para eso, aparte de cosas muy literarias como el espíritu emprendedor, hacen falta recursos, dineros. Sobre todo cuando se advierte que apenas el 3% de todo el apoyo que recibe España de la Política Agraria Común, se dedica al desarrollo económico de las zonas rurales.
En conclusión que cuando tenemos que asistir una y otra vez a la monserga de todos estos talibanes haciendo patrióticas soflamas con el imperio de la Ley, habría que recordarles que el Estado de Derecho no está para ser troceado a gusto del manipulador y que en esto del mundo rural tal vez podamos empezar por cumplir la que tenemos.
Porque, como dice González Regidor, si “disponemos de una política rural de Estado desde hace una década, ¿por qué no se aplica?”