Planteado el debate sobre el proceso electoral, una de las cuestiones básicas y, seguramente, más controvertidas es la pervivencia o no de las circunscripciones electorales como grupos de electores sobre los que proceder al reparto de escaños entre las distintas opciones políticas que han concurrido al proceso.
Centrándonos en el caso de Asturias y al hilo de los estudios llevados a cabo por el profesor Presno Linera, se nos ocurren algunas reflexiones que no tienen en sí más valor que el de constituir un mero punto de vista.
Lo primero es una cuestión tal vez simplemente dialéctica o terminológica. Y es que cuando se habla de convertir, en el caso asturiano, las tres circunscripciones existentes en una única circunscripción, lo que se está haciendo es abogar por la supresión del sistema de circunscripciones y convirtiendo a todo el censo electoral en la base de distribución de representantes. Si para la RAE la circunscripción es una división administrativa, difícilmente puede serlo una totalidad indivisa.
Esto, que se puede entender como un simple juego de palabras, puede tener un valor conceptual por cuanto se trataría de defender un sistema homogéneo (que no es lo mismo que igualitario) frente a un sistema corregido por razones territoriales o sociales.
La siguiente reflexión versaría sobre el indudable carácter artificial del sistema de circunscripciones electorales. En el caso asturiano (quizás no tanto en el sistema provincial del conjunto del estado español) es claramente visible un reparto en tres núcleos (uno central y dos alas) cuyos límites geográficos no responden, en realidad, ni a factores históricos, ni culturales ni de organización social. Los límites están ahí como podrían estar en otros puntos geográficos. Ello nos podría llevar directamente a la búsqueda de unas circunscripciones electorales más pegadas a la realidad social (incluso lingüística) de los habitantes de las distintas zonas del territorio. Estaríamos así en el camino de la comarcalización de los distritos electorales, más en la línea de Junceda, con el consiguiente aumento del número de circunscripciones.
Tal vez relacionado con lo anterior, ya que el número tiene importancia a estos efectos, estaría una reflexión sobre la aritmética aplicada a desentrañar cuándo es más igualitario el sistema. La duda se plantea cuando se aplica de una manera, digamos, desnuda la consideración sobre el valor del voto en cada una de las zonas, en relación con el número de sufragios que hace falta para conseguir un representante.
Y aquí es donde, realmente, no acabo de comprender la necesidad que se afirma de homogeneizar de tal forma que no se puedan contemplar mecanismos de corrección como el que supone la existencia de distintas circunscripciones.
No creo que se pueda afirmar, con una realidad como la actual, que no se deban contemplar elementos correctores para primar, de alguna manera, a unos territorios que, de otra forma, acabarán subsumidos en las decisiones que se adopten en los centros de poder, con total olvido de los intereses de aquellos territorios y de los ciudadanos que en ellos viven.
Del mismo modo que, por estrictas razones de redistribución de la riqueza, no se nos ocurre propugnar un sistema fiscal que trate con los mismos parámetros a todos los contribuyentes, no veo por qué, en el caso del proceso electoral, debemos entender que el mayor igualitarismo y, por tanto, el tratamiento más justo se produce cuando todos los votos acaban valiendo 1.
Y ello, además, si tenemos en cuenta que se entiende como un valor positivo y deseable la efectiva vinculación del representante con el cuerpo electoral al que representa. Todavía hoy vemos como algo negativo para el sistema, la existencia de representantes cuneros impuestos por los aparatos de los partidos y absolutamente desvinculados de un territorio por el que concurren y que apenas vuelven a pisar (me viene a la mente algún ex tesorero de partido).
Si esto ocurre con un sistema de circunscripciones, imaginemos qué pasaría en la práctica en territorios con poco número de votos, como es el caso de las alas asturianas, dado que el mayor número de electores reside en los centros administrativos y de poder. Ocurriría, por decirlo de manera burda, que todos se presentarían por Oviedo, Gijón o Avilés.
En definitiva, que entiendo necesaria la división en circunscripciones como método corrector que discrimine de manera positiva a ciudadanos residentes en territorios con características de una cierta marginalidad. Quizás, incluso, sería partidario de aumentar su número en un proceso de comarcalización, aunque también creo que un exceso de fraccionamiento repercutiría en una menor representatividad de los partidos pequeños, con la consiguiente merma de la proporcionalidad. Tal vez no sea factible, pero podría haber un tipo de solución mixta que reservara un número de representantes a las circunscripciones y repartiera otro número importante en un distrito global.
En cualquier caso, al contrario de lo que proponen algunas fuerzas políticas, parece necesario agotar el límite estatutario en el número de diputados y también parece oportuno cambiar el sistema D´Hont por métodos más proporcionales como el Saint-Laguë. Y, desde luego, lo que es más positivo es el debate.
