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Hace unos días se planteó en Vegadeo una pequeña polémica en relación con la decisión del equipo de gobierno de aprobar una ordenanza reguladora del uso del gallego asturiano en el concejo, es decir, de cooficializar el uso de la fala en la actividad administrativa municipal.
Vaya por delante que, como castellanohablante que soy, no voy a tener la osadía de ponerme a pontificar sobre el uso correcto o incorrecto de esta o aquella expresión que se pueda contener en los documentos que ya está utilizando el Ayuntamiento. Ni puedo hacerlo porque no tengo los conocimientos necesarios ni quiero entrar en polémicas que, en muchos casos, me parecen artificiales. Para eso están los expertos, eruditos y filólogos que pueden hablar con conocimiento de causa sobre la cuestión.
Pero sí creo que se puede hacer alguna puntualización sobre el hecho que supone dar un paso significativo en el camino de la normalización institucional de una lengua minoritaria pero con claro arraigo en la vida cotidiana.
En primer lugar, recordar que este es un paso adelante en un camino que se inició hace ya casi diez años cuando, con el impulso del Ayuntamiento, se acabó aprobando la nueva toponimia oficial del concejo que recuperaba los nombres tradicionales. Un proceso, por cierto, pacífico y nada polémico, por cuanto el propio Ayuntamiento dejó la fijación de los topónimos en manos de las personas que mejor criterio podían tener al respecto.
En segundo lugar, dejar claro la absoluta legitimidad que tienen los actuales gobernantes de Vegadeo para impulsar esa decisión y para someterla a la aprobación de un pleno en el que, dicho sea de paso, no tuvo ningún voto en contra. Cuestión distinta será que, quienes están convencidos de las bondades de una democracia participativa en la que es importante escuchar la voz de los cudadanos, puedan entender que los debates, ya sea en cuestión de recogida de basuras, de cambio de uso de locales públicos o de normalización lingüística, deben plantearse antes de la adopción de las decisiones y no después.
Y en tercer lugar, destacar la obligación que tienen los poderes públicos y, por tanto, los gobiernos municipales de promocionar la cultura entre los ciudadanos. Como a estas alturas no creo que nadie discuta que el lenguaje forma parte de la cultura de los pueblos, es evidente que está entre esos deberes utilizar las herramientas que se consideren necesarias para facilitar que una lengua, perseguida y menospreciada en épocas no tan lejanas pero viva en el uso de las gentes, pueda competir en pie de igualdad con el resto de las lenguas oficiales. También en el ámbito administrativo, para servir de ejemplo de normalización.
A partir de ahí, y teniendo en cuenta que la lengua siempre es una materia viva que es propiedad de los que la usan, han de ser las academias, los expertos, los filólogos en definitiva, los que fijen y den esplendor a ese uso diario, variado y, por tanto, enriquecedor, que se hace en las calles y en las casas que es, a fin de cuentas, donde se forja el lenguaje.
