La necesidad de ahorrar impuesta a los ayuntamientos por la reforma local de Montoro está suponiendo una pérdida de servicios municipales que influye en la calidad de vida de los ciudadanos

ahorrar en servicios al ciudadano

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La reforma local de Montoro ha tenido una cosa buena. Sólo una. Pero es verdad que ha puesto de manifiesto algo que muchos no sabían o no creían como es la capacidad de los ayuntamientos para gestionar de una manera eficaz unos recursos siempre escasos. La prueba está en que la local es la administración menos endeudada en relación con la autonómica y la estatal.

Pero, quitando ese efecto beneficioso de visualización, ha tenido otros efectos perversos que, desgraciadamente, se notan directamente en el bienestar y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin duda, el peor de ellos ha sido esa apuesta por una presunta eficiencia que solamente consiste en una reducción indiscriminada de gasto y en una dificultad añadida para dar al dinero municipal el destino derivado de las prioridades de los equipos de gobierno. Es decir, a gastar o invertir en aquello que los regidores municipales consideran más importante para sus convecinos.

Nos hemos encontrado con ayuntamientos atesorando dinero que no podían gastar

Gracias a ello nos hemos encontrado con algunos ayuntamientos convertidos, por obra y gracia del ilustre Montoro en copias del Tío Gilito, atesorando en las arcas municipales cantidades ingentes de dinero que no podían gastar para mayor orgullo y satisfacción de esos bancos que no pagan nada por guardarte la pasta.

Si a ello le añadimos el poder a veces desmedido que la propia reforma otorga a los funcionarios de habilitación nacional – léase secretarios e interventores – a los que ha convertido en auténticos cancerberos del pecunio municipal y guardianes de las más estrictas ortodoxias financieras, nos encontraremos con un nuevo déficit democrático que aleja la capacidad de decisión de quienes fueron elegidos por sus vecinos para acercarla a quien, por el contrario, cuenta en su haber con una oposición o nombramiento administrativo.

Lógicamente, no se trata de que estemos a favor del gasto incontrolado e irracional que muchas veces se produce por parte de insensatos regidores, que los hay, sino que se trata de que, a mi juicio, no se puede confundir transparencia y control con pura restricción ni es lícito dejar en instancias no democráticas la adopción de decisiones que son de naturaleza política.

Pero es que, además, toda esta cuestión afecta directamente a unos ciudadanos que, gracias a la eficiencia cristobalina, se están viendo despojados de servicios que hasta ahora habían sido prestados, de manera eficaz, por quien está más próximo a ellos como es su ayuntamiento. Y no sólo por la restricción impuesta en el gasto sino, incluso, por un fenómeno colateral que consiste en el alcalde converso. Es decir, ese alcalde que se ha creído la milonga de la eficiencia y que, más montorista que Montoro, se aplica con diligencia a eliminar servicios porque hay que ahorrar, aunque luego los ahorros se conviertan en un puro chunda chunda.

Y con un añadido ciertamente importante como es que siempre, o casi siempre, esa destrucción de servicios existentes se traduce, precisamente en este país y en esta tesitura, en destrucción de empleo público que, además, en muchos casos, no ha pasado ni siquiera por un mero análisis de costes reales. Vamos, sin preocuparse siquiera de echar unos números. El caso es ahorrar. Por cierto, ahorrar sin sentido y sin preocuparse de llevar un mínimo control de ejecución presupuestaria para no verse luego bajo la presión de tener que invertir remanentes sin haber planificado.

Pero ¡qué más da! El caso es ahorrar.

Juan Santiago