proclamacionPor más que algunos, incluidos determinados partidos de izquierda, lo intenten ocultar, el debate sobre la forma política del estado está en la calle y asumido, de manera natural, por una buena parte de la ciudadanía.

Seguramente, la crisis económica y su pésima gestión, además de las evidentes torpezas de las propias personas que encarnan la institución monárquica, tienen mucho que ver con la instalación del debate en la sociedad española.

Para empeorar la situación de la Corona, hay muchos empeñados en presentar como mérito fundamental (y casi único) en el que basar su permanencia, la gratitud que le es debida por el papel protagonizado en la esperpéntica asonada del 23 de febrero, como si el cumplimiento del deber hubiera de ser fuente de agradecimiento.

Entendemos que hay que asumir que la transición española a un régimen democrático pleno no está acabada y que estos años transcurridos desde la muerte del dictador, no pueden ser la estación término, aún habiendo siendo importantes y a pesar de haberse conseguido cotas que han mejorado la posición ciudadana, vista desde la perspectiva de la absoluta falta de libertades anterior.

Por mucho que se busquen homologaciones en otros estados y se den patentes de democracia en las llamadas monarquías parlamentarias, nadie puede sostener que la democracia plena existe mientras instituciones del Estado quedan fuera del control democrático y de la necesaria convalidación por parte de quien ostenta la soberanía.

Es cierto que nuestra Constitución establece que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y que esa Constitución ha sido votada de forma mayoritaria, pero eso no implica, como algunos pretender hacernos creer, una especie de fatalista punto y final.

Ni por la gracia de Dios, ni porque así lo quisimos, ni porque de bien nacidos es ser agradecidos. Tengan en cuenta, tanto los que se ponen de perfil para no ver lo que ocurre, como los fundamentalistas dispuestos a poner puertas al campo, que el pueblo soberano, del que emanan todos los poderes, abre o cierra los debates mediante unos mecanismos que, desgraciadamente, están escapando a quienes deberían promoverlos, que son los partidos políticos.

La sensación es que un buen número de ciudadanos se ha dado cuenta de que el camino no acaba en una vía muerta con topes que impiden ir más allá. Los ciudadanos, y cada vez en mayor número, son conscientes de que el camino continúa y de que se puede seguir transitando hacia formas políticas que se acerquen más al contenido del artículo 1 de la Constitución. Y, cada vez más, están diciendo que se puede y se debe hacer esa transición. Ahora sólo falta que quienes están obligados a concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, se den por aludidos y no escondan la cabeza.