ayuntamientoUno de los pilares básicos de los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos lo conforma un sistema de servicios sociales que supone, de hecho, un auténtico paraguas de protección a los más desfavorecidos y que es, en realidad, un sistema de redistribución de rentas llevado a cabo desde lo público y desde la instancia más cercana a la existencia del problema.

Por eso, es de vital importancia que se examine con cuidado cuál es el tránsito que se pretende en esta materia con la anteproyectada reforma de la administración local, porque da toda la sensación de que lo que se pretende es pasar de un sistema público que, de manera reglada y transparente, actúa llevando a cabo una auténtica política de servicios sociales, a otro sistema discrecional y arbitrario que interviene, fundamentalmente, por razones religiosas y de imagen, en los supuestos que convienen a determinadas personas o colectivos.

Y para acreditar ese tránsito no hay más que comparar lo que la actual Ley de Bases establece como competencia municipal en el artículo 25 y lo que se pretende que diga ese mismo artículo tras la reforma.

Actualmente, es competencia municipal la “Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, mientras que para la nueva redacción, la competencia municipal se refiere a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Como se ve, un cambio absolutamente sustancial pues mientras el panorama actual no sólo supone la prestación directa de los servicios de atención, sino que incluye la programación y puesta en práctica de políticas activas dirigidas a la promoción y reinserción social de las personas objeto de esos servicios, el modelo que se pretende deja en manos de los ayuntamientos una difusa evaluación e información y una puntualísima atención inmediata a quienes ya están en situación o riesgo de exclusión social. Es decir, pasamos de hacer auténtica política social redistributiva cuyo fin último es  la reinserción social (acabar con el problema) a simplemente informarnos de quién tiene un problema y echarle una mano (beneficiencia).

O lo que es lo mismo, pasar de un estatus de ciudadano como sujeto de un derecho a unos servicios públicos reglados y en condiciones de igualdad para todos, a una atención discrecional basada en motivos de oportunidad o de moral religiosa privada.

El problema con que nos encontramos es que este modelo nuevo, aún sin la reforma, ya está calando en muchos de nuestros pueblos al socaire de los recortes y la no asignación de recursos a los servicios sociales existentes. Así, nos topamos a diario con una proliferación de presuntos actos solidarios que encubren, por un lado, la incapacidad para gestionar las políticas de promoción y reinserción social y, por otro, la utilización descarada, en beneficio político personal, de personas y colectivos que merecen atención pública porque son sujetos de derecho y no objeto “fotografiable” de la más rancia caridad.

Juan Santiago