ayuntamientoLa pregunta, quizás, debería ser más concreta: ¿quién teme a los ayuntamientos pequeños?

Y es que planteada como está la reforma de la Administración Local que se anuncia, una de las cosas que de ella se traslucen es una especie de miedo cerval a la forma más pura que tiene de manifestarse en estos momentos el sistema democrático en España.

No olvidemos que en los ayuntamientos pequeños, de menos de cinco mil habitantes, que son la gran mayoría, y no digamos nada en relación con los todavía más pequeños, se produce la mayor capacidad de influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones que más directamente les afectan en su vida diaria como comunidad.

Quienes viven en esas comunidades saben perfectamente cómo tienen en sus manos la posibilidad de comunicarse rápida, fácil y diariamente con quienes ostentan el poder político y la capacidad de gestión de los servicios públicos de los que usan todos los días.

Saben perfectamente también que quienes pretenden acceder a ese poder y a esa gestión, tienen la obligación y necesidad de comunicarse con ellos sin intermediarios y de conocer de primera mano las necesidades que les atañen, muy por encima y muy al margen de directrices genéricas de partido.

Y si esto es así y si tanto se nos llena la boca de regeneración democrática o de cercanía a los ciudadanos, por qué se está llevando a cabo una presunta reforma que es, en realidad, una profunda regresión en el sistema democrático hacia tiempos y actitudes que creíamos olvidados pero que, sin duda, siempre han estado en las mentes y en las convicciones de recientes demócratas de guardarropía.

Esta regresión se va a producir, si nadie lo remedia, por el vaciado de los dos aspectos básicos que se reúnen en la vida municipal: los servicios que se prestan y las personas que han dirigir esa prestación.

En cuanto a lo primero, que es una cuestión que necesita un análisis más detallado, baste decir ahora que supone un ataque directo a un principio básico en todo el derecho europeo como es el principio de subsidiariedad, según el cual la capacidad de decisión y gestión debe recaer, de modo genérico e inicial, en la instancia más próxima.

Y en cuanto a lo segundo, el absoluto ninguneo que supone vaciar de retribución a esos alcaldes que han de llevar a cabo el trabajo de toma de decisión y de dirección de la gestión, supone, antes que nada, la demostración de un profundo desconocimiento de la realidad que se vive en tantísimos pueblos de este país, pero, sobre todo, una opción ideológica de desmantelamiento de una instancia democrática básica. 

El razonamiento es simple: si no cobran, no pueden dedicar horas. Si no pueden dedicar horas a la tarea municipal, se limitarán, además de a salir en la procesión, a ir de vez en cuando por el Ayuntamiento a firmar los expedientes y resoluciones que les pongan delante los funcionarios que serán quienes, bajo las directrices de las autoridades centrales, tomarán las decisiones que afectan a los ciudadanos.

De esta manera, los ayuntamientos dejarán de ser auténticamente democráticos y se quebrará de manera radical el principio de representación popular. Eso, con suerte, porque el siguiente paso será que no se vote y que los nombre el Gobernador Civil, ¿recuerdan?