Cristóbal MontoroEl auténtico leit motiv del proyecto de reforma local del Gobierno Rajoy no es reforzar el papel de los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano ni conseguir un esquema de financiación de las corporaciones acorde con el nivel de servicios que actualmente prestan, ni, por supuesto, potenciar el valor democrático que tienen los ayuntamientos por su capacidad para contactar con la vida real de quienes forman comunidades básicas de convivencia. Todo eso debe ceder ante el valor supremo que se convierte, a partir de ahora, en el auténtico paradigma: la eficiencia.

Por cierto, curioso concepto éste al que se le concede únicamente un valor contable, despreciando en él cualquier atisbo de cómputo de magnitudes inmateriales pero de enorme importancia para quienes, finalmente, deben ser los destinatarios de las políticas.

Un concepto que no incluye valores como el bienestar, el sentimiento de protección o la facilidad de acceso a la hora de entender los ciudadanos qué es la prestación eficiente de los servicios públicos. Nada de eso se contempla. Todo es cuestión de sumas y saldos. Si algo se puede hacer más barato, eso quiere decir que la prestación es más eficiente y, por tanto, debe salir de las pecadoras manos públicas.

Ciertamente, no se podía esperar otra cosa teniendo en cuenta que a alguien se le ocurrió que una reforma de la administración local no podía estar en mejores manos que en las del ministro de Hacienda.

Lo grave es que, ese ministro mantenga esa reforma buscadora de eficiencia sabiendo que, incluso, desde su punto de vista de asentador de libros de cuentas, la administración a la que pretende defenestrar es la más eficiente de las administraciones porque es la que mejores ratios de deuda mantiene con respecto, tanto a la Administración Central como a la Administración Autonómica.

Los datos son absolutamente clarificadores. Son datos oficiales que están publicados por el Banco de España y, están por tanto, encima de la mesa del ministro.

Si comparamos los últimos cuatro trimestres, es decir, el último año, mientras el peso de la deuda de la Administración Central en el PIB pasó del 67,2% al 80,1% (casi 13 puntos de PIB) y el de las Administraciones Autonómicas pasó del 16,3% al 19% (2,7 puntos de PIB) el conjunto de todos los ayuntamientos (incluidas las grandes ciudades) incrementaron su deuda en 0 puntos de PIB permaneciendo en el 4,2%.

Si nos retrotraemos a 2008, al principio de la crisis, observamos que la deuda de las Comunidades Autónomas incrementó su peso en el PIB un 183,5% (pasó del 6,7% al 19%), en el caso de la Administración Central el incremento fue de un 137,6% (del 33,7% al 80,1%) mientras que toda la Administración Local incrementó el peso de su deuda en un 44,8% (del 2,9% al 4,2%). Es decir, 3 veces menos que la Administración Central y 4 veces menos que las Comunidades Autónomas.

Datos adicionales pero muy reveladores encontramos si comparamos toda la deuda de todos los ayuntamientos, por ejemplo, con la deuda del FROB, es decir con la deuda en que hemos tenido que incurrir para ayudar a la Banca. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que esta última es 9.000 millones de euros más que toda la que acumula el conjunto de todos los ayuntamientos, incluidos los grandes, medianos, pequeños, minúsculos y hasta la entidades locales menores.

Ante estos datos, la pregunta es clara: ¿Por qué, tras la coartada de la eficiencia, se esconde el desmantelamiento de un sistema público de prestación de servicios que acredita con sus números que es capaz de mantenerlos en mejores términos de financiación que el resto de las administraciones y eso a pesar de un reparto impositivo en desventaja?

La respuesta es más clara que la pregunta: Ideología, mi querido amigo. No hay más. Bueno, hay algo más, pero también forma parte del núcleo ideológico: favorecer la búsqueda de rentas por parte de quien piensa que aún es poco lo que se lleva. Y para eso nadie mejor que Montoro.

Ángel Cano