ayuntamientoPlanteada como está la reforma de la administración local, uno de los elementos que llevan tiempo en el debate es la cuestión de una fusión de municipios que algunos entienden obligada y prácticamente imprescindible para una mayor “eficiencia” en la prestación de los servicios al ciudadano.

En primer lugar, hay que decir que quien apuesta de una manera tan decisiva por esa fusión deberá, antes de nada, definir si propone un modelo voluntario o un modelo impuesto, es decir, si opta por la reorganización del mapa territorial desde el respeto al principio de autonomía municipal o por establecer ese nuevo mapa resultante desde un confortable despacho situado en la planta noble de un ministerio. A este respecto, soy de la opinión de que este último modelo sólo es factible desde los esquemas de un estado centralista y autoritario mientras que el otro, el voluntario, es prácticamente imposible de desarrollar, de una manera generalizada, en un modelo democrático y descentralizado. Tal vez, deba cada uno examinarse y definirse antes de seguir avanzando.

Nadie debe olvidar que los municipios, además de ser entidades gestoras de servicios a los ciudadanos, tienen unos componentes identitarios y, por tanto, alejados de la pura racionalidad, que convierten la problemática de las fusiones en ese paquete desconocido y sospechoso cuya apertura puede dar lugar a una nueva caja de Pandora de incalculables consecuencias. Ciertamente, no parece demasiado oportuno en los tiempos que corren echar a la gente a pelear por un “quítame esa Virgen que no es nuestra patrona”.

Todo lo cual, no quiere decir que no exista un problema real en la gestión de los servicios municipales que, por cierto, no es de ahora sino que se viene padeciendo desde hace muchos años, sobre todo en esa gran mayoría que son los ayuntamientos de pequeño tamaño. No es de ahora, pero bienvenida sea la ocasión si aprovechamos el empujón para dar un paso adelante.

Porque, realmente, más que de fusionar, de lo que estamos necesitados es de gestionar de manera adecuada y, por tanto con una escala adecuada, todos los servicios que los ciudadanos reciben a través de sus ayuntamientos, independientemente del número de éstos.

Y para eso, es imprescindible la voluntad real de llevarlo a cabo mediante la articulación de un plan serio con asignación de los correspondientes recursos y el establecimiento de unos principios básicos sobre los que deba basarse ese plan.

A este respecto, creo que lo primero que hay que hacer es partir del principio de madurez de los propios ayuntamientos que son quienes mejor conocen la realidad y necesidades de sus concejos. Nada puede ni debe hacerse con la imposición de políticas de arriba a abajo porque la experiencia nos dice que están condenadas al fracaso. Por tanto, lo que debe hacerse es impulsar, favorecer e incentivar sin caer en una tentación del ordeno y mando que tiene pocas perspectivas de éxito.

El segundo principio ha de ser el de la flexibilidad de los modelos jurídicos y de gestión. Mucho se habla de mancomunar servicios, pero la experiencia nos dice que el modelo de mancomunidades no ha sido, en general, de aplicación satisfactoria, fundamentalmente, porque se ha caracterizado por ser un modelo caro y rígido que, finalmente, ha impuesto un corsé formal y administrativo que impedía la adopción de decisiones estratégicas importantes con la agilidad necesaria. Hay modelos más baratos, ágiles y flexibles que pueden ser tan rigurosos y transparentes como puedan ser las mancomunidades a la hora de gestionar servicios y, en esa línea, con la suficiente imaginación, se deben explorar las soluciones.

Y, finalmente, es imprescindible que se articulen modelos de geometría variable. Hay servicios que pueden tener una escala viable en un solo municipio mientras que otros necesitarán la agrupación de un número no determinado de concejos para obtener esa escala que les proporcione viabilidad y eficiencia. Hay ayuntamientos que pueden agruparse con unos concejos para prestar unos determinados servicios y con otros concejos para servicios distintos. En definitiva, hay que huir de los diseños cerrados y predeterminados para abrirse a distintas posibilidades, basadas en ese reconocimiento de la madurez y autonomía de los ayuntamientos, hasta que se conforme un mapa de servicios en el que todos se encuentren cómodos, no sólo desde el punto de vista económico sino, sobre todo, en el de la eficiencia, entendida no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el la satisfacción ciudadana.

Al final, no nos equivoquemos, se trata de servicios eficaces y de ciudadanos satisfechos y en eso poco tiene que ver el número final de los concejos.