.En relación con Cataluña, no parece lógico apelar a soluciones jurídicas cuando no se ha promovido la creación de un marco jurídico previo que establezca las normas que fijen el terreno de juego.

cataluña a través de una ley de claridad

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En relación con el conflicto catalán, la cuestión catalana o como quieran ustedes llamarlo, se produce una enorme paradoja.

Unaparadoja que resulta de que el Gobierno español lleve años parapetándose  en la necesidad de acudir a vías jurídicas como solución , sin haberse preocupado en ningún momento de proponer, debatir y aprobar un marco jurídico específico que pudiera servir para que todos los actores supieran en cada momento cómo actuar.

Hasta tal punto ha llegado la indefinición y la falta de un terreno de juego que, hasta la para la solución traumática y supuestamente jurídica que supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se ha tenido que operar y aún se está operando en base a aspectos metajurídicos o simplemente a impulso de improvisaciones o de llamadas a un difuso sentido común que no parece ser patrimonio de ninguna de las partes en conflicto.

Negar la realidad

Es lo que tiene negar la realidad.

Hasta ahora, lo que se está haciendo es tratar el problema como si España fuera algo distinto de lo que es. Como si fuera ese estado centralista por el que suspira toda la derecha y la parte jacobina de la socialdemocracia, en lugar de ese estado plural que es y en el que coexisten territorios en los que, al menos, una parte de sus habitantes tienen aspiraciones soberanistas.

Catluña y el PP. Pero ¿qué broma es ésta?

Esa es la realidad. Ante ella, se pueden hacer dos cosas: negarla a base de banderazos o reconocerla y trazar democráticamente el campo jurídico en el que todos puedan jugar.

La Ley de Claridad

Ejemplos existen y están contrastados. Existe el conflicto con Quebec en Canadá y cómo se solucionó a través de la discusión y aprobación de la Ley de Claridad. También se sabe que, gracias al trazado democrático del campo de juego por parte del gobierno canadiense, las aspiraciones separatistas disminuyeron drásticamente en un territorio con unos porcentajes independentistas muy similares a los catalanes.

Sabemos que España no es Canadá ni Quebec Cataluña. Eso es tan claro que, cuando se utiliza como argumento, lo que se hace es demostrar la nula receptividad a buscar soluciones factibles. Pero, se quiera o no, la Ley de Claridad canadiense es un ejemplo. Un ejemplo de cómo se pueden y se deben tratar democráticamente los conflictos territoriales cuando, realmente, se tienen convicciones democráticas más allá de banderías, aprovechamientos electorales u otros sentimientos supuestamente patrióticos.

Un procedimiento democrático

El procedimiento es perfectamente adaptable al modelo español. Fíjense que la Ley canadiense no aprobó un procedimiento para la secesión. En modo alguno. Lo que se aprobó fue un procedimiento que, como resultado, daría lugar a la negociación entre el estado en su conjunto y el territorio secesionista para llegar a una separación pactada.  Ahí se descartaron declaraciones unilaterales de independencia, se establecieron criterios para la determinación de mayorías, se exigió claridad en las preguntas  y se protegió el derecho de las minorías existentes en los territorios secesionistas. Tal vez algo parecido en el caso de Cataluña a la broma sobre Tabarnia.

Y se hizo democráticamente. Y fueron los políticos los que lo promovieron, debatieron y aprobaron. Los tribunales quedaron para establecer la adaptación al marco constitucional. No para hacer política o ejercer de brazo ejecutor.

Establecer los marcos de juego y las normas comunes en las que todos estén representados. Eso es sentido común. Eso es hacer política. No apelar a las tripas o a los instintos primarios ni envolverse en unas u otras banderas. Eso queda para los que no tienen argumentos. Para los oportunistas y los corruptos.

Juan Santiago