ruzEl auto de fecha 14 de mayo dictado por el juez Ruz  tiene una trascendental importancia. Y la tiene porque incorpora conceptos muy claros con respecto a la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la que debería derivarse la responsabilidad, y en este caso no sólo política, de sus dirigentes.

Fundamentalmente, porque el juez considera “contrastado”, aunque sea parcialmente, “la realidad de aplicaciones de fondos en metálico” registradas en una contabilidad paralela y que se han destinado al pago de gastos electorales, al pago de “complementos de sueldo a determinadas personas” y al pago de gastos y servicios del propio partido.

Y hay más: en el mismo auto (página 6) el juez afirma que se han documentado indicios de que Luis Bárcenas se habría apropiado de más de 150.000 euros que procedían de donaciones ilegales efectuadas al Partido Popular.

Con ello, podemos afirmar que existe un juez que, en una resolución judicial, afirma que se han contrastado, al menos a nivel indiciario, las siguientes circunstancias:

  • La existencia de donaciones ilegales al Partido Popular.
  • Que con el importe de esas donaciones se nutría una caja B.
  • Que, al menos, de esos importes se llevaba una contabilidad.
  • Que esa contabilidad era “paralela”, es decir, distinta a la oficial.
  • Que esa contabilidad era llevada por varias personas (Luis Bárcenas, “entre otros”, dice el juez).
  • Que, con el contenido de esa caja B, se pagaron gastos electorales, así como otros gastos y distintos servicios.
  • Que, asimismo, con el contenido de esa caja B, se pagaron, bien de forma periódica u ocasional “complementos de sueldo” a “determinadas personas vinculadas al Partido”.

Esta es la realidad que se deriva del auto que se puede leer más abajo.

Y ante ella ¿qué?

Pues ya se sabe, impasible el ademán y a silbar “El sitio de Zaragoza” o, si no, Die Groβe Koalition.

Juan Santiago